Ocho organizaciones civiles poblanas crearon el "Movimiento Fin a la Impunidad en Puebla", con la finalidad de exhibir y demostrar la anomalías en las que incurrió el gobierno de Mario Marín.
Ayer, en ruedas de prensa simultáneas en Puebla y el Distrito Federal, los integrantes anunciaron que están armando 10 expedientes contra funcionarios estatales. Los informes serán presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para gestionar el castigo a actos de corrupción y abusos.
Las organizaciones articuladas al movimiento son: Integradora de Participación Ciudadana, Puebla Vigila, DHP Puebla, ANCA Puebla, Zero Ocho, Puebla Verde, G2G y el Centro de Protección y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, AC.
Gerardo Navarro, de la Integradora de Participación Ciudadana, indicó que el primer caso con mayor seguimiento es el pleito por posesión del Jardín de Arte, en el que el gobierno despojó ilegalmente a Puebla Verde de la administración del parque.
"'Fin a la impunidad en Puebla' es un movimiento ciudadano que recoge las inquietudes de los poblanos, nace debido al hartazgo por el abuso de poder de los principales funcionarios del gobierno estatal," explicó.
Resaltó que el ambiente institucional en Puebla es propicio para la corrupción gubernamental. "Los datos no nos dejan mentir, el estado está en el lugar 29 en transparencia; cuarto en corrupción; último en impartición de justicia e imparcialidad de los jueces, y es la única entidad que no desglosa la deuda pública".
En su pronunciamiento, solicitó que los diputados locales cumplan con su obligación de hacer una estricta revisión a los recursos públicos; que el Sistema de Administración Tributaria investigue las declaraciones patrimoniales para ver si hay enriquecimiento ilícito de funcionarios del gobierno; que los diputados de la legislatura entrante revisen la cuenta pública, aún cuando haya sido aprobada.
También se pide que las dependencias federales verifiquen la correcta aplicación del dinero; que los diputados locales modifiquen leyes que permitan a los ciudadanos evaluar el desempeño de sus gobernantes y demandar sanciones.
A los partidos solicitaron que se abstengan de promover a funcionarios deshonestos y/o corruptos, bajo la advertencia del rechazo ciudadano a estos candidatos.
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