DEBATE

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

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Historia de un DOBLE secuestro; el sufrimiento sigue

Temblando de miedo e indignación, con lágrimas en los ojos, Adrián César Vázquez Avilés, el ex secretario de Acuerdos del juzgado 4to penal en la ciudad de Puebla que en noviembre del 2010 fue secuestrado presuntamente por el Cártel de Tepito y quien después de ser liberado fue aislado e interrogado por la Dirección de Delitos de Alto Impacto, la DADAI de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), lamentó que -2 años después del levantón sufrido, su agonía sigue.  

Como se puntualizó en entregas pasadas del DEBATE, una vez que Vázquez Avilés fue liberado supuestamente por Cártel de Tepito y traído a Puebla por la PGR, la gente de la entonces DADAI comenzó a acusarle de pertenecer al narco y los empleados del ex procurador estatal, Rodolfo Archundia Sierra, le dijeron que su complicidad se probaba por el simple hecho de seguir con vida y le exigieron aclarar "¿qué mensaje le mandó ese cártel al señor gobernador Mario Marín Torres?".

El ex funcionario del TSJ interpuso las denuncias correspondientes y pidió seguridad al entonces presidente del tribunal, León Dumit Espinal, quien lo reinstaló luego de exigirle que dejara de decir que la delincuencia organizada lo había secuestrado, ya que "en Puebla no tenemos eso" y que se alejara de los medios de comunicación.

PERSECUCIÓN Y ACOSO LABORAL EN EL TSJ MARINISTA Y MORENOVALLISTA

Literalmente, Vázquez Avilés comenzó a sufrir las consecuencias de haber sobrevivido a su secuestro poco después de haber regresado a trabajar al TSJ, donde lo canalizaron con la jueza Sandra Lucía Perea Iturriaga, encargada del Juzgado Décimo Civil en materia financiera, quien, primero, para desembarazarse de su notorio colaborador lo mandó a Tlatlauquitepec – sin viáticos y en tiempo de vacaciones-.

 

De regreso en Puebla, el ex funcionario del TSJ comenzó a percibir que era seguido y hasta fotografiado en las propias instalaciones de la dependencia, pero sus jefes, León Dumit Espinal y David López Muñoz, uno del gobierno de Mario Marín Torres y el otro de la gestión de Rafael Moreno Valle, le dijeron que no le creían y le aclararon que no podían darle seguridad a él ni a su familia.

Dumit Espinal y López Muñoz también coincidieron en sus "estrategias" de lucha antinarco: los dos le exigieron a Vázquez Avilés que no acudiera a la prensa y que entendiera que, por decreto, "en Puebla no hay delincuencia organizada". Gobiernos o instituciones emanadas de partidos diferentes; mismas medidas para tratar de negar una realidad de inseguridad que a diario cunde en Puebla.

Vázquez Avilés continuó siendo vigilado en su casa y centro de trabajo y, por lo mismo, su familia le contrató a un guardia privado llamado Enrique Alameda Álvarez. Incluso, el todavía empleado del tribunal identificó a uno de sus perseguidores y logró dar los datos de esa persona a la PGJ y al TSJ a través de sus denuncias: AP-569/2012/SEXTA y AP/PGR/PUE/PUE-11/0261/2012, ante las procuradurías de Puebla y federal, respectivamente.

"COOPELAS O CUELO" AL ESTILO TSJ

El hoy ex funcionario del órgano de "impartición de justicia" en Puebla continuó siendo seguido, fotografiado y hasta su guardaespaldas, Enrique Alameda Álvarez, "me dijo que, efectivamente, nos estaban persiguiendo y que todo lo que nos pasaba era real, ya que él tenía presiones y recibía amenazas para que dejara de cuidarme".

A pesar de la identificación plena de al menos uno de los perseguidores de Vázquez Ávila, ni la PGJ ni el TSJ – actuales – atendieron sus reclamos e, incluso, en la dependencia que encabeza Víctor Carrancá ya le avisaron que ni siquiera tiene en sus archivos la denuncia que el ex funcionario del tribunal interpuso ahí luego del secuestro de noviembre del 2010 (Oficio 071/2012/DGDADAI).

Ante las amenazas por su vida, la persecución y el acoso laboral, ya que el tribunal le quitó hasta los servicios del ISSSTEP, Vázquez Ávila tuvo que dejar de trabajar ahí, cambiar de residencia y hasta dejar de vivir con su familia, porque "a través de mensajes a mi celular me advirtieron que iban a descuartizar a mis hijos y esposa".

Su familia ya no vive con él, tampoco tiene trabajo y, ante la necesidad económica, le pidió al titular del tribunal devolverle su plaza y, según su relato, "López Muñoz me dijo que sí me podía reincorporar, pero si primero denunciaba por las amenazas en mi contra al juez con quien trabajaba en el 2010; es decir, a Alberto Miranda Guerra".

"A mí no me consta ni tengo prueba alguna de que el juez Alberto Miranda Guerra esté detrás de las amenazas y persecución en mi contra e, incluso, yo sé que este juez tiene amigos influyentes en Puebla, como Guillermo Pacheco Pulido, Saúl Acosta o López Rubí y así se lo dije a López Muñoz, que yo no podía denunciarlo para recuperar mi trabajo".

JUICIO POLÍTICO A DUMIT ESPINAL Y LÓPEZ MUÑOZz

Y aunque cuando se le cuestiona sobre el caso López Muñoz niega a la prensa las acusaciones de Vázquez Ávila y asegura que nunca lo presionó para que denuncie al juez Miranda Guerra, la realidad es que el ex secretario de Acuerdos del Juzgado 4to penal en Puebla sigue recibiendo amenazas, está sin su empleo en el TSJ y su familia, hijos y esposa, no tienen garantías de que si regresan no les pasará nada.

Vázquez Ávila interpuso la querella D-142/2012 ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla (instancia que dirime las querellas laborales de los funcionarios estatales e integrantes del TSJ), sin que hasta el momento (noviembre del 2012) dicha instancia haya determinado su caso.

Por ello, ya recurrió a las comisiones estatal, nacional e Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e, incluso, solicitó de manera formal a la Cámara de Diputados iniciar sendos juicios políticos contra los dos más recientes titulares del TSJ, León Dumit Espinal y David López Muñoz, quienes quizás emergieron de gobiernos y padrinos políticos diferentes; pero que coinciden en su trato despótico e inhumano hacia quien el 23 de noviembre del 2010 comenzó a vivir un martirio…que todavía sigue.