DEBATE

Roberto Desachy Severino

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Presos políticos, Chalchihuapan y magnicidios, los costales de Carrancá

En teoría, suena bien que en algún estado o país la procuración de justicia deje de ser un hecho político, capricho del gobernador en turno -recordemos a Mario Marín, el "Góber Precioso", con su procuradora Blanca Laura Villeda, la culpable del caso Lydia Cacho-para que se convierta en una materia especializada de la gestión y administración públicas.

Por ello, el hecho de que hoy en Puebla haya un Fiscal General transexenal -nombre copiado de los Estados Unidos- en lugar de un simple procurador de justicia podría verse como una buena noticia...si no fuera por los costales, los pesadísimos costales que carga el flamante fiscal poblana Víctor Carrancá Bourguet, quien en 5 años en el cargo acumula varios: caso Chalchihuapan, los magnicidios no resueltos y, desde luego, los presos políticos que la justicia federal ha liberado y, con esto, exhibiendo a la PGJ estatal y a la secretaría de Seguridad Pública.

La realidad es que nadie sabe cómo o quién mató al menor Luis Alberto Tehuatlie, la única víctima mortal del enfrentamiento en

Chalchihuapan el año pasado entre polícias estatales y vecinos de ese lugar. La PGJ de Carrancá acusó que un material explosivo de los manifestantes fue lo que causó el deceso del joven, mientras los que organizaron la protesta acusaron a la secretaría de Seguridad Pública de usar balas de goma,  pero la CNDH dio otra versión, algo confusa, en la que -supuestamente- un proyectil expulsado de las armas de los agentes habría lesionado al muchacho:http://desdepuebla.com/gobierno-de-puebla-no-cumplio-con-recomendaciones-de-cndh-del-caso-chalchihuapan-acusa-miembro-del-cen-del-prd/98437/.

La percepción social es que Carrancá Bourguet no pudo o no quiso resolver de manera adecuada, apegada a derecho, el asesinato de Luis Alberto Tehuatlie y ello lo ratificó la CNDH al dictaminar que fue un arma de policía estatal lo que acabó con la vida del manifestante. Punto negativo para el fiscal.

PRESOS POLÍTICOS, UNA VERGÜENZA

Si da pavor que un fiscal general o procurador sea incapaz de resolver los asesinatos, robos, secuestros, violaciones etc, la realidad es que genera mayor pánico el que la instancia procuradora de justicia se dedique a fabricar delitos falsos, para encarcelar a disidentes sociales, adversarios políticos, etc. Y el fiscal general está acusado de tener en Puebla la preocupante cantidad de 214 presos políticos: http://desdepuebla.com/en-el-estado-de-puebla-el-procurador-victor-carranca-lleva-241-presos-politicos-prd/102682/.

Más allá de que esa cifra sea cierta o exagerada, lo cierto es que en al menos 3 casos la PGJ de Carrancá Bourguet fue exhibida por la justicia federal al liberar a al menos 3 disidentes del gobierno estatal a quienes se les habían fincado diversos cargos...que desestimaron o invalidaron jueces federales: Paul y Adán Xicale Huitle, que se oponían a proyectos de los gobiernos estatal y de San Pedro Cholula en la zona de las Pirámides y, supuestamente por esto, fueron detenidos por la hoy desaparecida procuraduría, que los acusó de despojo.

También está el caso del ex edil auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez,que obtuvo su libertad apenas el 28 de diciembre pasado luego de ampararse contra denuncias de la procuraduría por la mafufada del alcalde subalterno de crearse su propia policía comunitaria, lo que desde luego era un total desatino.

Otro costal enorme que pesa en la espalda del flamante fiscal general de Puebla es su incapacidad de resolver al menos 2 magnicidios: el del ex rector universitario Samuel Malpica Uribe, cuyos homicidas siguen libres y el de Paulina Camargo, cuyo presunto asesinato, su ex novio Chema Sosa Álvarez, sigue preso acusado del crimen, pero que -como la PGJ fue incapaz de encontrar su cadáver- tiene grandes posibilidades de ser liberado por la justicia federal en instancias posteriores del proceso legal: http://desdepuebla.com/ex-novio-de-paulina-camargo-enfrentara-cargos-por-homicidio-y-aborto-aunque-no-se-encuentre-el-cuerpo-pgj/96469/.

Este contexto refleja claramente que la imposición o designación de Carrancá Bourguet fue bastante peligrosa para el propio gobierno estatal, ya que su desempeño en la PGJ dejó mucho qué desear.