DEBATE
Por Roberto Desachy Severino
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AYOTZINAPA Y TLATLAYA: HERIDAS ABIERTAS
¿Alguien recuerda que los gobiernos federal de Enrique Peña Nieto o estatales de Ángel Aguirre Rivero y/o Eruviel Ávila hayan pedido una disculpa pública, luego de las matanzas de Ayotzinapa y Tlatlaya, en Guerrero y Estado de México, respectivamente.
Yo tampoco, porque no lo hicieron, al menos hasta ahora.
Apenas el sábado pasado, en el zócalo de Puebla, integrantes de la coordinadora de Ayotzinapa en la entidad efectuaron un evento, para solicitar el apoyo económico de la ciudadanía y, sobre todo, no dejar que quede en el olvido la masacre contra los 43 normalistas guerrerenses: http://desdepuebla.com/continua-lucha-para-exigir-justicia-por-la-desaparicion-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa/118354/.
Ni la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni el defenestrado ex gobernador perredista de Guerrero solicitaron una disculpa pública a los familiares de los ex normalistas de Ayotzinapa ejecutados . Tampoco los indemnizaron.
TLATLAYA Y AYOTZINAPA: SIN DISCULPA PÚBLICA NI INDEMNIZACIÓN
En el gobierno de Peña Nieto elementos de la Sedena no solamente han sido acusados de haber participado –por acción u omisión- en la matanza de Ayotzinapa, sino que también ejecutaron a civiles en Tlatlaya, Estado de México, sin que el presidente o el titular de esa dependencia, Salvador Cienfuegos, hayan aclarado a plenitud ese caso: http://desdepuebla.com/juez-ordena-liberar-a-cuatro-militares-implicados-en-caso-tlatlaya/90343/
Peña Nieto y Salvador Cienfuegos podrían argumentar que los asesinados en Tlatlaya eran secuestradores y, quizás, tengan razón. Sin embargo, nada les deba el derecho de eliminarlos "en caliente", en masa, con ejecuciones sumarias y sin juicio alguno, como ocurrió.
Como en Ayotzinapa, en este caso tampoco ha habido una disculpa pública de los gobiernos federal y/o del Estado de México o alguna indemnización para los deudos de quienes –según Peña Nieto y Eruviel Ávila- supuestamente eran secuestradores y, al parecer de sus victimarios, quizás por ello ni siquiera merecían un proceso legal apegado a derecho.
CHALCHIHUAPAN: CASO CERRADO
Ninguna frase, evento protocolario o cantidad económica podría devolverle la vida a Luis José Luis Tehuatlie Tamayo, el menor de edad muerto por los acontecimientos en Chalchihuapan. También es cierto que la disculpa pública que el gobierno de Puebla ofreció el miércoles pasado a los afectados por la trifulca del 9 de julio del 2014 llega 20 meses después de lo ocurrido: http://desdepuebla.com/ofrece-gobierno-del-estado-disculpa-publica-a-victimas-de-chalchihuapan/118081/
La madre de Luis Alberto, Elia Tamayo, tiene todo el derecho de decir que no ha perdonado al gobierno de Puebla y que nunca lo hará. Pero es un hecho que el miércoles pasado acudió a la ceremonia de disculpa pública y que –con justa razón- recibió la indemnización de 1 millón 200 mil pesos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ordenó a la administración estatal otorgarle.
Tardías y a todas luces insuficientes, pero la disculpa pública e indemnizaciones que el gobierno de Puebla ofreció a los damnificados por el caso Chalchihuapan cumplieron con los requisitos jurídicos no solamente de la CNDH, sino también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, se dio un cierre al caso Chalchihuapan, lo que era imprescindible para todos, especialmente para Elia Tamayo, quien de seguro recibirá cuestionamientos y críticas por haber acudido a la ceremonia de disculpa y recibir la compensación financiera. Sus detractores serán los mismos políticos y medios informativos que esperaban lucrar electoralmente con el tema.
Sin embargo, ella le dio un punto final al tema y, junto con su familia, seguirá adelante. Y aunque en el mundo no haya cantidad de dinero suficiente para compensar la pérdida de un hijo, la realidad es que la indemnización que recibió le puede servir para iniciar una nueva y mejor vida y olvidarse de los roxanas lunas, los chalchihuapans, los javieres montes, los facundos rosas y demás fauna política.
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