ANALISTA DE REFORMA DICE QUE MARÍN ES EJEMPLO DE IMPUNIDAD

Marín, un ejemplo de impunidad y manipulación de la justicia

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Purificación Carpinteyro / Grupo Reforma

Puebla, jueves 18 noviembre 2010 - 08:59 hrs

La civilización floreció al amparo de reglas que normaron su funcionamiento. Incluso las más rudimentarias organizaciones biológicas prosperan obedeciendo un orden instintivo que garantiza su supervivencia y de cuya transgresión nadie queda impune. Las sociedades son exitosas cuando sus integrantes gozan de seguridad en sus personas y en sus bienes, y el Estado es garante de que nadie pueda atentar en contra de las reglas establecidas sin ser sancionado por una autoridad creíble, eficaz e imparcial. Empero, la aplicación selectiva de la ley quebranta el más fundamental de los principios de cualquier organización. Bajo su sombra proliferan aquellos que con su poder tejen redes de complicidad que operan sin recato, vulnerando la seguridad de individuos e instituciones por igual. La discrecionalidad equivale a impunidad, y es ésta la causa fundamental de la proliferación de las organizaciones criminales que asuelan al país. En México la aplicación discrecional de la ley es la norma. Como reza la sentencia juarista "para el amigo justicia y gracia; para el enemigo, la ley a secas". Sólo así puede explicarse que existan gobernantes que atenten contra personas, bienes e instituciones, con absoluta impunidad. La administración del gobernador Mario Marín de Puebla es el mejor ejemplo: pese a las incontables denuncias de saqueo a las finanzas de la entidad, nadie duda que las cuentas públicas del gobierno saliente serán aprobadas por un Congreso estatal bajo su control. Entre tanto, jueces, ministerios públicos, notarios, registradores públicos de la propiedad, alcaldes y funcionarios municipales son manipulados para acallar las voces críticas, someter a los inconformes y controlar el entramado social. Puebla da la marca para la impunidad, incluso atentando contra los principios del federalismo y la división de poderes, tal y como fue expuesto por varios ministros de la Suprema Corte de Justicia durante la discusión del Caso Cacho, y cito algunos: "...no existe un estado de derecho... parece que el gobernador es el que decide lo que hace el Poder Judicial" (...) "podría tratarse de actos gravísimos, ya que expondrían la existencia de un estado absoluto donde el rey, es decir, el Gobernador, es la ley". Ministro Genaro D. Góngora Pimentel "Se refieren a una situación exorbitante, que tiene que ver con la posible existencia de una acción concertada de las autoridades estatales de Puebla, encaminada a romper los principios del federalismo, la división de Poderes o la estructura democrática, que son principios rectores de nuestro sistema jurídico constitucional". Ministro Sergio A. Valls Hernández "Un caso que involucra directa o indirectamente la posible afectación gubernamental de la dignidad e integridad de las personas; justifica el pleno interés de la Suprema Corte de Justicia para investigar, en su integridad, la probable existencia de una especie de amenaza de estado, basada en posibles actos de corrupción proveniente de las altas esferas de gobierno, que afectan las libertades y los derechos básicos, generando con ello una fuerte evidencia de que el asunto es de trascendencia nacional, porque su desatención puede afectar la legitimidad de todas las instituciones dentro del Estado Mexicano". Ministro Juan Silva Meza "Y con esos elementos informativos llevar a cabo una investigación de hechos como nos ordena la Constitución, y desde ahí utilizar eso como hipótesis para determinar, no hechos aislados dentro de un proceso, sino la posible existencia de un patrón para determinar que aquello que parecían irregularidades menores o no lo son tanto o siguen siendo menores pero que tienen una afectación por parte de una autoridad que pudo haber generado el patrón. Si esto fuera así, ahí mismo estaría ya una violación de Garantías Individuales en relación con Principio de División de Poderes, Principio de Federalismo". Ministro José Ramón Cossío Díaz No faltará quien sostenga que en casos como Puebla, lo políticamente correcto es borrón y cuenta nueva; que desenterrar esqueletos de una administración saliente desatará demonios que ocuparán las primeras planas de los diarios por meses; que no es de políticos hacerse de enemigos gratuitos cuando se pueden tener de aliados. Pero la aplicación de la ley no está sujeta a criterios de conveniencia. Los gobernantes están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. No está en su poder otorgar clemencia y deben respaldar sus dichos con hechos, aunque tengan que librar la más temible de las guerras y ganar la batalla contra la impunidad.